El Poder Judicial ordenó paralizar todo acto administrativo que provenga del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM). La resolución detiene todo trámite que pretendía autorizar construcciones en la campiña y zonas invadidas.
La Primera Sala de Apelaciones de Arequipa aceptó la medida cautelar que solicitó la fiscal de medio ambiente, Carolina Cáceres. El mandato se mantendrá mientras dure el juicio contra el alcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra y los funcionarios del Impla, Francisco Ampuero y Luis Alemán.
Están comprometidos también los regidores Lilia Pauca, Pedro Quispe, Mario Melo, Miguel Mendoza, Wily Jano, Otilia Paredes, Fernando Figueroa, Daniel Muñoz y Ricardo Medina, por haber aprobado el documento.
Para Carolina Cáceres, el alcalde cometió el delito de otorgamiento ilegal de derechos. Por eso, solicitó al Poder Judicial 4 años de prisión e inhabilitación por 7 años. Según la fiscal, no se cumplió con realizar audiencias públicas. Tampoco se levantaron las observaciones antes de aprobarlo, como lo establece el Ministerio de Vivienda.
La medida ayudaría a evitar que la Ciudad Blanca corra el riesgo de perder el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. A la fecha, se ha otorgado el cambio de uso de 400 hectáreas de campiña. Se alteró zonas protegidas como el Centro Histórico, Tocrahuasi y Carmen Alto en Cayma.
Cabe mencionar que la resolución aún no ha sido notificada al municipio por la huelga de los trabajadores.
Municipio apelará
A su turno, Francisco Ampuero, gerente del Impla, señaló que la sentencia de la Sala será apelada ante la Corte Suprema. Asimismo manifestó que la acción judicial deja un mal precedente para la autonomía municipal. A su juicio, el Plan de Desarrollo Metropolitano es un documento válido y no depreda las áreas verdes.
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